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Inundaciones (cambio climático en el litoral)

El suburbio de los irresponsables

Hay que superar la irresponsabilidad de anunciar obras para “evitar” las inundaciones, porque son fenómenos que nos acompañarán por el resto del siglo. Y es hora de buscar con sensatez las respuestas a tres preguntas clave: ¿por qué sufrimos inundaciones cada vez más grandes?; ¿qué no debemos hacer para que sus impactos se magnifiquen?; y ¿qué sí debemos hacer para enfrentar el problema?

OTRO AÑO DE INUNDACIONES: ¿QUÉ HACER?

Por Fernando Ardura, Fundación Hábitat y Desarrollo

Otra vez las inundaciones y la misma historia de siempre: descargar las culpas en los otros. La Nación acusa de imprevisión a las provincias, las provincias a la Nación, el gobierno actual al anterior y la oposición a las actuales autoridades. El tema es desligarse de cualquier compromiso con la realidad. Para colmo, muchos desinformados protestan por la falta de “obras”, sin tener la menor idea de qué obras se trata. Parecemos el suburbio de los irresponsables. Es hora de buscar con sensatez las respuestas a tres preguntas clave: ¿por qué sufrimos inundaciones cada vez más grandes?; ¿qué no debemos hacer para que sus impactos se magnifiquen?; y ¿qué sí debemos hacer para enfrentar el problema?.

Primera pregunta: ¿por qué?. Lo que el mundo científico afirma y la comunidad internacional asumió definitivamente, más allá de los exabruptos de Trump, es que el actual modelo de desarrollo de matriz energética basada en combustibles fósiles y la pérdida de los ecosistemas naturales están acelerando el ritmo del cambio climático en su actual fase de calentamiento global. Un proceso natural planetario (tanto los ciclos de calentamiento como los ciclos de enfriamiento globales), que tendría que avanzar a 10 km por hora, permitiendo la adaptación de las diversas formas de vida terrestre, entre ellas, la humana, pero que el actual modelo consumista está transformando en un fenómeno lanzado a 200 km por hora. En la gran cuenca del Plata, desde Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay hasta Buenos Aires, esto significa que cada vez vamos a recibir mayores lluvias por una mayor evaporación de las aguas oceánicas durante los períodos húmedos o en los años de prevalencia del fenómeno del Niño. Con un agravante: las selvas subtropicales misionera y de yungas, los bosques del gran Chaco y la llanura chaqueño-pampeana, que eran las esponjas que retenían las aguas permitiendo su lento escurrimiento por los ríos Paraná, Salado, Bermejo, Pilcomayo y Uruguay, han reducido su capacidad de absorción, acelerando los ritmos de escurrimiento, aumentando los caudales hídricos y anegando zonas a las que nunca antes habían llegado las inundaciones. Para una mayor comprensión, calculemos que el agua que alimenta a nuestros árboles misioneros adultos ronda los 40 litros por día por individuo promedio y hemos deforestado el 70% de las tierras de nuestras selvas subtropicales y del bosque chaqueño (que cubrían una superficie original de 240 millones de hectáreas). Para colmo, cada día avanza más la ocupación edilicia de la región pampeana, suplantando el suelo natural con capacidad de absorción por cemento y asfalto, e incluso, en el delta del Paraná se han construido barrios cerrados en el valle de inundación, achicándolo y aumentando la altura del suelo artificialmente. Muchos humedales naturales que retienen el flujo de las aguas han sido disecados para ocupación urbana o actividades rurales. La mala praxis de la siembra directa (una positiva innovación tecnológica que reduce la erosión de nuestros suelos) debido al uso abusivo de agroquímicos, al monocultivo y la falta de rotación ha aumentado los procesos de contaminación, impermeabilización y reducción de la diversidad biológica. Calculemos que tenemos casi 800 millones de tierras pampeanas sometidas a estos procesos insustentables. Cada vez, más agua, menos lugares de retención y absorción y los mismos cursos fluviales de escurrimiento. Ergo: cada vez más y mayores inundaciones.

Segunda pregunta: ¿qué no debemos hacer?. No debemos canalizar los campos por motu proprio, tirándole el agua a los vecinos o haciendo embalses de aprovechamiento hídrico en época de seca sin tener en cuenta su efecto en las inundaciones. No debemos permitir que algunas provincias pretendan realizar “obras” para descargar sus excesos hídricos en otra provincia, en nombre de una concepción perversa del federalismo. No debemos seguir pensando que los bosques y humedales nativos son enemigos del progreso y que deben ser eliminados para favorecer el “desarrollo”. No debemos engañarnos con la falsa promesa de que un conjunto de obras van a “solucionar” el problema de las inundaciones, como sostienen algunos intereses corporativos de la industria de la construcción, que ven en los desastres naturales una oportunidad para hacer negocios financiados por el Estado. No debemos desarrollar acciones locales o provinciales sin una planificación integral nacional de marco regional, en consulta con Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, porque serían un agravante que aumentaría el impacto de las inundaciones. No debemos reducir los presupuestos fiscales de las áreas científicas que investigan el problema, ni de las áreas ambientales, hídricas y de gestión de riesgos que deben enfrentarlo y no debemos aceptar el nombramiento de funcionarios no idóneos. No debemos pensar en las inundaciones sólo cuando se produce el desastre, cayendo en la improvisación permanente. En síntesis, no debemos seguir haciendo todo lo que venimos haciendo hasta ahora.

Tercera pregunta: ¿qué sí debemos hacer?. En primer lugar, tomar conciencia que las inundaciones extremas han llegado para quedarse y crecer año tras año. Por lo tanto, debemos organizar nuestra sociedad para convivir con el fenómeno y prevenir y mitigar sus efectos. Como ocurre con algunas enfermedades crónicas, como la diabetes, con la que se puede vivir hasta los 100 años, pero controlándola y en tratamiento permanente. En segundo lugar, privilegiar el bien común sobre los intereses individuales, corporativos o locales. En tercer lugar, ordenar el uso integral y regional del territorio y una estrategia de gestión de riesgos (para prevenir el impacto de los desastres naturales). Y por supuesto, convocar a gente idónea al frente de los procesos de ordenamiento territorial y gestión de riesgos.

Ordenar el territorio implica poner un límite concertado a la expansión de la frontera agropecuaria, garantizar la rotación de cultivos en las zonas agrarias y la conservación del manto vegetal y los ecosistemas nativos en las zonas ganaderas no convertidas. Como hicieron Francia, Alemania, Suecia y Noruega. Para salvar las actuales masas de bosques nativos, los humedales y conservar la diversidad biológica, pero también, para restaurar y recuperar ecosistemas degradados y reforestar con especies nativas áreas deforestadas no agrícolas, como lo viene haciendo Alemania en su selva negra. Implica “desocupar” los valles de inundación de los ríos (hasta donde sea posible) y reinstalar a sus pobladores en nuevos asentamientos en zonas altas, como ya lo hicimos con Federación, Entre Ríos, cuando se construyó Salto Grande. Implica poner un límite a la expansión urbana, creciendo “para arriba” y no extensivamente, como lo hacen Japón y muchas ciudades del oriente asiático. Implica tener una clara proyección del cambio climático sobre nuestro territorio en las próximas décadas, para adelantarnos y desarrollar una estrategia de adaptación y mitigación, para lo que Argentina tiene la más importante masa crítica de investigadores y técnicos de América Latina y mucha información científica acumulada. E implica, como dice el papa Francisco, una limitación de uso de la propiedad privada en función del Bien Común, donde nadie tenga el derecho irracional de hacer lo que quiere en su casa o en su campo, y trasladándolo a la organización jurídica del país, donde ningún interés local, municipal o provincial pueda estar sobre el interés general de la Nación o el interés conjunto regional. Y en cuanto a la gestión de riesgos, debemos asumir que gobernar es, entre otras cuestiones, tener la capacidad de prevenir y gestionar las consecuencias de los desastres naturales. Otro tanto, sucede con los incendios forestales y de campos, también más ocurrentes y más extensos por el actual ciclo acelerado de calentamiento global. Es necesario elaborar un mapa dinámico de riesgos, con modelos simulados que nos permitan saber qué hacer en caso de ocurrencia y definir estrategias de adaptación a los desastres y de prevención de los efectos que ocasionan. Para ello, nuestro país tiene la suficiente calificación y capacidad técnicas para hacerse cargo del problema. Claro, sólo son convocados cuando la tormenta arrecia. Y además de anticiparnos a los hechos, deberemos tener políticas claras de reconstrucción a posteriori de los mismos. Declarar “zona de desastre”, repartir colchones y eximir el pago de impuestos tres días después del fenómeno no es una política de gestión de riesgos, es una actitud demagógica de bajo costo.

Un último y destacado párrafo merece reafirmar que no estamos ante un problema “nacional”, sino frente a un problema global, que se manifiesta regionalmente en el cono sur americano. Las cabeceras de cuenca de la mayoría de los ríos de la cuenca del Plata están en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. Los bosques nativos chaqueño, misionero, costeros y de yungas son compartidos con esos cuatro países, lo mismo que gran parte de nuestros humedales y cursos fluviales y que la llanura productiva chaqueño-pampeana. La ordenación del territorio y la gestión de riesgos deben desarrollarse en el marco de la región, acordando con los países hermanos. El gobierno nacional debe convocar a la sociedad a esta tarea, pero también a los países limítrofes, dándole nuevos aires al Mercosur, en un proceso de integración que supere las limitadas metas aduaneras y automotrices y las reyertas con alguno de sus miembros, cuestiones que vienen justificando su mezquina existencia.

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